La situación que atraviesa nuestro país es de carácter absolutamente extraordinario, tanto, que ha llevado a los órganos competentes del Estado a la declaración del estado de alarma con la consiguiente y necesaria limitación de la libertad de circulación de las personas y la adopción de un paquete de medidas drásticas orientadas a la contención de la pandemia.
Las medidas acordadas, más allá de su carácter necesario del que nadie duda, suponen un duro golpe para buena parte de las actividades empresariales que integran el tejido productivo de nuestro país y, como tal, tendrán importantes y gravosas consecuencias sobre el mismo. Prever su alcance sería aventurado dado lo excepcional de las circunstancias y la inexistencia de estimaciones fiables sobre la duración de la emergencia sanitaria que atravesamos.
Enfrentamos ahora todos, como sociedad además de individualmente, la crisis sanitaria del COVID-19 con la certeza de que seremos capaces de contener la propagación de la enfermedad y, consecuentemente, frenar la pandemia.
Sin embargo, sobre lo que no tenemos certeza alguna es acerca de en qué situación vamos a superar esta crisis sanitaria. Sabemos que nuestros gobernantes trabajan ya en medidas orientadas a paliar las consecuencias de carácter económico derivadas de esta, si bien, y aun confiando en su carácter certero y útil, la situación exige a los empresarios ser responsables y, una vez evaluadas las circunstancias de cada sector de actividad y de cada entidad, adoptar las medidas que resulten oportunas en aras de tratar de asegurar la supervivencia de su actividad y, también, hacerlo en las mejores condiciones posibles.
